Por: Andres Dominguez

Actualmente Colombia se encuentra en el peor momento en términos de desempleo. Según las cifras oficiales del DANE, el último dato de desempleo (mayo) a nivel nacional fue 10.5%, comparado con el 9.7% del mismo mes de 2018 (en las trece ciudades y áreas metropolitanas el dato fue 11.2%). Revisando la serie de desempleo es posible comprobar que desde hace aproximadamente un año el aumento de la tasa de desempleo ha sido sistemática. Algunos analistas han señalado que parte del incremento se debe a la migración de venezolanos. Sin embargo, esa hipótesis no se ha validado empíricamente. Es una falacia.

El actual gobierno, a través del Plan de Desarrollo, se comprometió a crear 1.6 millones de empleos y reducir la tasa de desempleo al 7.9%. Esta meta parece prácticamente imposible. Tal vez, el Pacto por la Equidad será un saludo a la bandera.

Análisis más serios permiten explicar el problema desde un punto de vista estructural. La economía se puede definir como el estudio de la satisfacción de necesidades humanas. Por tanto, los tratados de comercio internacional permiten que entren al país productos más baratos y, de esta manera, es posible cubrir las necesidades alimenticias. Sin embargo, surgen preguntas ingenuas: ¿el maíz, el arroz, aunque fueran más caros, no sería mejor producirlos dentro del país? El suelo, que se ha dedicado de manera extensiva, a los monocultivos como la caña de azúcar o la palma de aceite ¿no será mejor usarlo en la producción sostenible de alimentos? Estas condiciones estructurales explican por qué los campesinos, históricamente, no pueden competir en los mercados y se ven obligados a migrar a las ciudades.

Los resultados del Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2014) mostraron que el 70.4% de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) tienen menos de 5 hectáreas y ocupa el 2% del área rural dispersa censada, mientras que el 0.2% de las UPA tienen más de 1000 hectáreas y ocupan el 73,8% del área rural dispersa censada.

El gran problema estructural tiene un origen en la manera como se ha desarrollado el país, ha sido mucho más conveniente permitir y mantener la concentración de la tierra, en lugar de concretar modelos de propiedad como lo que se conoce como la Colonización Antioqueña, que creó propietarios más homogéneos donde el latifundio era excepcional.

Prolegómenos

Después de que Pizarro conquista el Perú y funda la ciudad de Quito en el año 1534, ordenó a Sebastián de Belalcázar ir hacia el norte con el objetivo de obtener las recompensas territoriales que le otorgaría la corona española y el oro de los pueblos indígenas (joyas, piezas que estaban en los templos, la explotación minera).

La crueldad de la sobreexplotación y las epidemias desencadenaron la reducción de la población, por ejemplo: la jurisdicción de Cali en el año 1536 contaba con una población indígena cercana a los 30,000, en 1582 llegaba apenas a los 2,100 nativos; o los pastos que entre 1558 y 1691 su población pasó de 21,767 a 2,472.[1]

Esta historia fue cruel. Los conquistadores se apropiaron de la tierra y sometieron a los indígenas que se vieron considerados como elementos en la escala social más baja posible. De hecho, Alexander von Humboldt denunciaba en sus escritos la brutal injusticia del sistema colonial.[2]

Durante el periodo de la Colonia, había un territorio cuyo nombre era Gobernación de Popayán, donde el oro y la tierra eran las principales fuentes de riqueza y poder. Muchos pueblos fueron borrados de la historia y otros quedaron comprometidos con formas de trabajo como la mita o la encomienda. Algunos pueblos, sin embargo, se replegaron hacia los ríos secundarios que atraviesan la región. Esa estrategia les permitió llegar hasta nuestros días, continuando con una desigual lucha política para defender su tierra y su cultura.

En el Siglo XIX la región cambió de nombre y pasó a llamarse Estado Soberano del Cauca. Después de la independencia en 1819 y la disolución de la Gran Colombia en 1828, en el Cauca se desencadenaron varias guerras civiles alimentadas por caudillos regionales, militares y comerciantes que querían, entre otras cosas, mantener las relaciones de esclavitud. De esta región surgieron importantes caudillos y clanes familiares tanto de tendencia liberal como de tendencia conservadora, pero también personas como Manuel Quintín Lame.

En la actualidad, el departamento del Cauca, así como el Choco, y grandes territorios alejados de las aglomeraciones urbanas principales son regiones fragmentadas y desconectadas de los sectores productivos del país. De hecho, los resultados del Censo Minero 2010-2011 mostraban que un alto porcentaje de la actividad minera en estos territorios es ilegal.

Colombia es un territorio fragmentado con evidente rezago en infraestructura de transporte: carreteras, puertos, aeropuertos, etc. El aislamiento económico, las condiciones geográficas y sociales ha permitido que algunos de esos fragmentos sean lugares estratégicos para que los carteles de la droga localicen los cultivos ilícitos, y los grupos armados como los grupos paramilitares, FARC, ELN y EPL intenten establecer el control territorial.

Pobreza y violencia

El 16 de diciembre de 1991 en Caloto, municipio del Cauca, un grupo paramilitar, asesinó a veintiún indígenas – incluyendo cinco niños -. Los paramilitares dieron orden de acostarse boca abajo y a continuación dispararon ¿Cuál fue la razón?

Los indígenas de la etnia Nasa habían ocupado 500 hectáreas de la Hacienda El Nilo reclamando la tierra como territorio ancestral. Entonces, los paramilitares bajo el mando de Fidel Castaño, junto con miembros de la policía y terratenientes de la región planearon la masacre. Un día después, aún con la sangre fresca, cinco mil indígenas ocuparon la Hacienda El Nilo y se quedaron permanentemente. En 1995 el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en la matanza.

Desde inicios del Sigo XX un proceso de reordenamiento territorial fue definiendo los actuales departamentos de Chocó, Valle del Cauca (1910), Cauca y Nariño (1904). Según el informe de UNODC (2018)[3] estos dos últimos departamentos tienen altas densidades de cultivos de coca expresada en hectáreas sembradas por kilómetro cuadrado (ver Mapa 1). La conexión directa con el océano pacífico es aprovechada por los actores ilegales para exportar la droga. Otras regiones con alta densidad son Putumayo, Caquetá, el bajo Cauca antioqueño y el Catatumbo. En estas zonas del país los grupos armados ilegales se disputan de manera violenta el control de las rutas de tráfico.

Entre las principales razones del incremento de cultivos de coca de los últimos años están los beneficios económicos que potencialmente podían traer los programas de sustitución de cultivos, la no continuidad de aspersión aérea con glifosato – producto cuyo debate sobre su relación con el cáncer se encuentra vigente -, y la incapacidad del estado para llegar a las zonas donde los frentes de las FARC dejaron de operar.

Mapa 1 – Densidad de cultivos de coca. 2017

Fuente: UNODC (2018).

Adicionalmente, según los datos del DANE[4] el índice de pobreza monetaria en Colombia para 2017 fue de 26.9%. La Figura 1 muestra que el índice ha sido sistemáticamente alto para los departamentos de Chocó (58.7%), Cauca (48.7%) y Nariño (40.2%).

Figura 1 – Índice de pobreza monetaria 2012-2017

Fuente: Pobreza monetaria por departamentos, DANE (2017).

En el capítulo sobre el Pacto por la Región Pacífico del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se reconoce la deficiente conectividad espacial del sur occidente colombiano, la baja cobertura en servicios públicos y la degradación de los ecosistemas.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) exigió los 3.6 billones de pesos que fueron pactados en gobiernos anteriores. Mientras que el gobierno actual asegura que esa exigencia se cumple con el dinero que se destina en el Plan Nacional de Desarrollo para las comunidades étnicas que suma 10 billones. La directora del Departamento Nacional de Planeación reconoció que ese dinero quedó en un anexo del Plan. Por lo cual, si no está en el articulado jurídico, el riesgo de incumplimiento es alto.

Los incumplimientos del Gobierno han generado bloqueos en la Vía Panamericana – principal arteria vial –, lo que afecta la movilidad en tres departamentos: Cauca, Nariño y Putumayo. Y surge la sensación de que la presencia del Gobierno solo aparece con la violencia de la confrontación entre la comunidad, el ESMAD y el ejército nacional. En resumidas cuentas, cada tanto las comunidades salen a protestar con vías de hecho por los incumplimientos del Gobierno de turno, y el Gobierno hace presencia con su brazo más fuerte, que no es la política, sino el control armado y la aspersión aérea con glifosato.

Cuando se afecta el transporte de carga en el sur del país por los incumplimientos del Gobierno se produce escases de leche, avena, arroz, manufacturas, combustible, etc. La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, menciona que cada día de protesta cuesta aproximadamente 2,000 millones de pesos. Esta situación es un reflejo de la ausencia de alternativas en la infraestructura vial en el sur occidente colombiano.

Adicionalmente, la conformación de nuevos grupos armados y delincuenciales que se disputan los territorios y la participación en el mercado de productos ilícitos ha hecho que el departamento del Cauca sea uno de los más afectados por asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos, muchas veces estigmatizados.

Este oscuro fenómeno se ha incrementado desde hace aproximadamente tres años y la suma de víctimas se encuentra alrededor de 400 (ver Mapa 2). Lamentablemente los asesinatos se han incrementado y las denuncias se quedan en el vacío institucional. Las víctimas son promotores del acuerdo de paz, miembros de Juntas de Acción Comunal, personas que buscan la restitución de tierras o la sustitución de cultivos ilícitos, defensores de los derechos ambientales de los territorios o líderes que se oponen a la construcción de megaproyectos, periodistas, población LGBTI.

El Estado no ha podido garantizar el control institucional y la seguridad en estos territorios. El procurador Fernando Carrillo ha señalado que la responsabilidad no es sólo de la fuerza pública, sino también de los alcaldes y gobernadores. Según el procurador, y según el ministro de defensa – Guillermo Botero -, este no es un problema que debe resolver el Gobierno Nacional. Entonces, aparece otra ingenua pregunta ¿quiénes son los responsables? Para terminar, cada vez me convenzo más de aquella sentencia de Nietzsche: “la verdad depende de quién está en el poder”.

Mapa 2 – Líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2018

Fuente: Especiales SEMANA. Líderes Sociales en Colombia: ¿Quién los está asesinando?

[1] Gutierrez, Jairo (2007). Los Indios de Pasto contra la República (1809-1824). Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

[2] Wulf, Andrea (2017). La Invención de la Naturaleza, Grupo Editorial Penguin Random House.

[3] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: Colombia Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2017. UNODC Research.

[4] Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia, DANE (2017).